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Con el objetivo de dimensionar el impacto que representa la introducción de vehículos usados a México a través de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) organizó un foro de análisis donde participaron diversos especialistas, quienes coincidieron en señalar que dicha práctica resulta dañina para la industria y para la economía.

Ante la falta de transporte público y lo costoso que resulta este en las ciudades del norte, su población —en el afán de contar dicho servicio — adquiere vehículos internados ilegalmente al país procedentes de Estados Unidos y que generalmente son modelos descontinuados, contaminantes e incluso con reporte de robo, lo cual los convierte en opciones vehiculares nocivas para la sociedad y para la economía estatal e incluso nacional.

Al respecto, el Dr. Reynaldo Angulo Cázares, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC, señaló que en la última década el gobierno federal, mediante decretos, ha contribuido a que se eleve la presencia de vehículos ilegales a lo largo y ancho del país.

“En 2011, durante la administración encabezada por Felipe Calderón se estableció un decreto que permitió el arribo de ‘automóviles chocolates’. Un sexenio después Enrique Peña Nieto lo ratificó, y en diciembre del año pasado Andrés López Obrador le extendió una prórroga hasta 2024.

Es así como en las calles de algunas ciudades en estados como Baja California destaca la enorme cantidad de vehículos con placas estadounidenses. Además, el gobierno estatal en su intento de recabar recursos también los regulariza sin importar los efectos contaminantes que generan en Mexicali y el golpe que le producen a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y a la Cámara Nacional de Comercio”, expresó.

Por su parte, Alberto Mexia Sánchez, integrante de la compañía Redspira, señaló que los volúmenes de contaminación generados en Mexicali resultan escandalosos incluso para el propio gobierno de Estados Unidos al grado que, para medir los niveles de gases contaminantes generados por los “autos chocolates”, y que termina por afectar a algunas de sus ciudades en el sur de su territorio, optaron por donar una red de sensores para medir la calidad del aire a cambio de un intercambio de informes sobre la contaminación.

Desde la perspectiva de Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), el concepto de “auto chocolate” ni siquiera debiera manejarse, ya que “no existen los ‘autos chocolate’, pues los vehículos que ingresan de Estados Unidos a México a través de la Frontera Norte representan contrabando”.

Se estima que, de continuar incentivando la legalización de los vehículos
procedentes del mercado norteamericano, las ventas de los autos último modelo podrían caer hasta en 30%.

“El legalizar los vehículos de contrabando representará un error que arrastrará consecuencias del orden económico, político y social, sobre todo en las condiciones en las que lo está proponiendo el gobierno federal”, enfatizó.